Plan BIM en la contratación pública: qué obliga realmente y a quién

Qué es el Plan BIM y de dónde viene

El Plan BIM en la contratación pública nace del Real Decreto 1515/2018, que crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública. Ese decreto encarga a la Comisión la elaboración de un plan que finalmente aprueba el Consejo de Ministros el 27 de junio de 2023, publicado en el BOE núm. 172 del 20 de julio de ese año.

La base legal de fondo viene de antes. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que traspone al ordenamiento español las directivas europeas de contratación pública de 2014, ya preveía en su disposición adicional decimoquinta que los órganos de contratación pudieran exigir "el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares". El Plan BIM convierte esa posibilidad en un calendario concreto, con umbrales y plazos definidos.

BIM, Building Information Modelling, no es un programa ni un tipo de archivo. Es una manera de trabajar en la que todos los agentes de un proyecto, diseño, obra, mantenimiento, comparten un mismo modelo digital del activo en vez de manejar planos independientes que hay que cruzar a mano. Ese modelo acompaña al edificio o la infraestructura durante toda su vida útil, no solo durante la construcción.

A quién obliga realmente

Aquí es donde más se simplifica el Plan BIM en la conversación pública. El Plan distingue dos grupos de sujetos, y ninguno de los dos es "toda la administración española".

Para la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, el Plan tiene efectos de instrucción interna obligatoria, conforme al artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Es de obligado cumplimiento para estos órganos.

Para el resto de entidades del sector público estatal que no forman parte de la AGE, como las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público o las universidades públicas no transferidas, el Plan tiene carácter de recomendación.

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas no aparecen en ninguno de los dos grupos. El Plan BIM regula la contratación de la Administración General del Estado, no la de las administraciones territoriales, que tienen su propia competencia sobre cómo gestionan sus contratos. Que un ayuntamiento pida BIM en un pliego no es una respuesta al Plan BIM. Es una decisión propia, tomada al margen de esta norma.

El calendario y los umbrales

Dentro de su ámbito de aplicación, el Plan fija un calendario progresivo con cinco niveles: Previo (sin BIM), Inicial, Medio, Avanzado e Integrado. Cada nivel exige más de la organización contratante, tanto en procesos internos como en la información que pide al adjudicatario.

El calendario depende del valor estimado del contrato y avanza en cuatro fechas: 1 de abril de 2024, 1 de octubre de 2025, 1 de octubre de 2027 y 1 de abril de 2030. Los contratos de mayor valor llegan antes a cada nivel que los de valor intermedio, precisamente para no dejar fuera de la competencia a la pequeña y mediana empresa, que concentra la mayor parte del sector de la construcción en España.

El texto original de 2023 fija ese umbral superior en 5.382.000 euros, pero es una cifra con fecha de caducidad. No la fija el Plan BIM por sí mismo, sino que sigue al umbral europeo de contratos de obra recogido en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la Comisión Europea revisa cada dos años. Dar hoy una cifra concreta como "el umbral vigente" es arriesgarse a que quede desfasada en la siguiente revisión.

Qué significa esto en contratos de gran escala

A partir de ese umbral, es poco frecuente que haya un solo edificio detrás del contrato. Es más habitual encontrar un hospital con varios pabellones, un complejo de edificios administrativos o una infraestructura de red completa. El Plan BIM, al fijar sus umbrales más altos primero, está pensado precisamente para ese tipo de proyecto de gran volumen, no para la obra puntual y pequeña.

Dónde está el sector hoy

El informe de buildingSMART España sobre nivel de adopción de BIM en 2024, con 663 respuestas del sector, sitúa en un 32% las organizaciones AECO españolas que ya tienen BIM implantado, con otro 26% en proceso de implementación. Eso deja a una parte considerable del sector todavía sin el modelo que estos contratos empiezan a pedir.

El propio Plan BIM aporta un dato de crecimiento real dentro de la AGE. Entre 2021 y 2022, el número de licitaciones públicas que solicitaban BIM pasó de 109 a 190, y el volumen de licitación asociado pasó de 455 a 1.209 millones de euros. Es un crecimiento de casi el 170% en volumen invertido en un solo año.

El diagnóstico interno no es igual de optimista. El "Informe Diagnóstico BIM 2021" de la Comisión Interministerial situó el nivel de madurez de la AGE en 1,7 sobre 10, con solo un 30% de los órganos consultados declarando experiencia previa con BIM y un 38,77% habiéndose formado en la materia. Entre la PYME del sector de la construcción, un 90% percibe que el uso de BIM añade barreras de acceso a la contratación pública, y más de la mitad reconoce no sentirse preparada para afrontar un contrato con estos requisitos.

Qué necesita un equipo de licitación para no llegar tarde

Cumplir con un requisito BIM en un pliego no exige necesariamente montar un departamento BIM interno desde cero. La parte que más recursos consume, la captura de la realidad existente mediante láser escáner y su conversión en nube de puntos y modelo IFC, se puede externalizar sin comprometer el resto del proyecto. Para un equipo de licitación que ve venir el requisito pero no tiene resuelta esa capacidad, es la vía más rápida de tenerlo cubierto sin esperar a construir la competencia internamente.